Inmigración: qué propone cada partido en las elecciones 2026

El PP defiende una inmigración «ordenada, legal y segura», con más control de fronteras y acuerdos de retorno con los países de origen. Feijóo criticó la regularización extraordinaria y prometió revertir la política migratoria si gobierna. En octubre de 2025 presentó un plan que endurece los requisitos para obtener la nacionalidad, como un mayor nivel de español y de conocimiento de la Constitución.

Sobre los menores llegados a Ceuta, el PP rechaza su reubicación en la península y defiende su devolución a Marruecos, aunque la dirección del partido ha precisado que sus comunidades cumplirán la ley.

El Gobierno aprobó por real decreto en enero de 2026 una regularización extraordinaria, pactada con Podemos, para quienes residieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditaran al menos cinco meses de estancia. El plazo de solicitud iba de abril al 30 de junio.

El PSOE defiende la integración laboral, los acuerdos con países de origen y un reparto de menores entre comunidades.

Abascal presenta el 29N como la «última oportunidad» y exige al PP, como condición para gobernar, la «remigración» y la «prioridad nacional». Defiende la repatriación de los delincuentes extranjeros y de quienes entran de forma ilegal. El término «remigración» es polémico: parte de la prensa y de la oposición lo considera xenófobo.

Vox se opone al reparto de menores desde Ceuta y ha dicho que no debe destinarse «ni un euro» a su atención. En sus pactos autonómicos con el PP recogió el compromiso de oponerse a cualquier reparto.

Sumar respaldó la regularización extraordinaria. Defiende cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros, acabar con las devoluciones en caliente y un sistema de acogida digno.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (IU, dentro de Sumar), gestiona el conflicto sobre los menores de Ceuta con el PP y las comunidades. El programa para el 29N, bajo la marca Frente Amplio, está por presentar.

Podemos negoció con el Gobierno la regularización extraordinaria de unas 500.000 personas, que Irene Montero presentó como un logro del partido. Defiende además el cierre de los CIE y una política de acogida basada en derechos.

No hemos encontrado una posición formal del partido sobre el reparto de los menores de Ceuta.

SALF se opone a la inmigración irregular y defiende las deportaciones y el control de fronteras.

Su programa para Castilla y León dedicaba un eje a «inmigración y seguridad ciudadana» y otro al fomento de la natalidad y el apoyo a las familias.