Impuestos, gasto público, regulación y jornada laboral dividen a los bloques. Con las Cortes disueltas, las reformas pendientes quedan en suspenso: la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, pactada entre PSOE y Sumar, fue retirada del trámite tras el veto de PP, Vox y Junts.
Los partidos todavía no han presentado sus programas electorales oficiales. Este contenido resume sus posiciones públicas conocidas a 9 de octubre de 2026 y se actualizará cuando se publiquen los programas. No es una recomendación de voto.
El PP defiende bajar impuestos, reducir el déficit y hacer más eficiente el sector público, con la empresa privada como motor del crecimiento. En un acto en Vigo, en junio de 2026, Feijóo habló de bajar impuestos y de una «reconstrucción nacional», sin cifras concretas.
Critica el nivel de gasto y presión fiscal del Gobierno.
El PSOE defiende mantener la inversión pública, apoyada en fondos europeos, y una fiscalidad más progresiva. Durante la legislatura aprobó impuestos temporales a la banca y a las energéticas, y un impuesto a las grandes fortunas.
Sánchez ha dicho que quiere ampliar su base de apoyo para hacer más reformas.
Vox propone una bajada drástica de impuestos, reducir el gasto público y suprimir organismos que considera innecesarios. Abascal ha situado la «desregulación» entre las condiciones que pondría al PP para gobernar, con el argumento de aliviar la carga sobre autónomos y pymes.
No se sabe todavía qué regulaciones eliminaría ni cuánto costaría.
Sumar defiende subir los impuestos a las grandes empresas, una reforma del IRPF más progresiva y un impuesto a las transacciones financieras. En materia laboral impulsó la reducción de la jornada a 37,5 horas, hoy sin trámite, y mantiene como horizonte las 32 horas semanales.
Se presenta al 29N bajo la marca Frente Amplio.
Podemos propone un impuesto a la riqueza extrema, mayor control público de sectores estratégicos y una transformación del modelo productivo. En materia laboral defiende avanzar hacia la semana de cuatro días y limitar la subcontratación precaria.
En su programa para Castilla y León (marzo 2026), SALF incluyó una «revolución fiscal» con IRPF al 0 % para rentas bajas y la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio.
Ese programa también pedía apoyo a pymes y autónomos y el cierre de «chiringuitos» del sector público. Son medidas autonómicas, no un programa nacional.
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